El sábado El Comercio difundió tres noticias sobre Moquegua que merecen una investigación profunda según reclamó el mismo diario y que, por lo demás, ponen en evidencia la necesidad de supervisar permanentemente la inversión pública y el destino del canon y sobrecanon y de las regalías mineras. La primera de ellas da cuenta de una trocha de mil 300 metros que costó más de un millón de soles en el distrito de Cuchumbaya. La segunda reporta la construcción, por cerca de 4 millones y medio de soles, de un estadio con capacidad para mil 700 personas en el centro poblado de Yacango que tiene poco más de mil habitantes en el distrito de Torata. Y la tercera sobre alimentos y ropa donada por la aduana al propio gobierno regional, valorizada en poco más de 400 mil dólares, para combatir las heladas que sin embargo no se ha repartido.
La trocha por la que sólo se puede transitar a lomo de bestia o a pie une el poblado de Charejón con el de Huatalaje. Fue proyectada como una vía carrozable y supuestamente el gobierno regional de Moquegua la construyó el año pasado. Pero no queda nada ni de la obra ni del dinero previsto para su ejecución. El nuevo proyecto que ha debido elaborarse ante la presión de los pobladores ha sido presupuestado en más de 3 millones de soles con lo que la carretera terminará costando cerca de 4 millones y medio de soles. Como la obra debía hacerse por administración directa, el gobierno regional decidió alquilar equipos y maquinaria a quienes operaban cerca de la zona pero a ellos tampoco se les ha pagado nada.
El estadio con más capacidad que el número de habitantes del centro poblado donde se construirá en realidad tendrá un costo superior al de los señalados 4 millones y medio de soles pues debería añadirse lo que se gastó en un primer proyecto que se estaba ejecutando en terrenos arqueológicos. En Yacango y en todo el distrito de Torata en general hay desde luego otras necesidades que merecen mayor atención como mejorar o asfaltar la carretera Torata Alta-Chuchusquea, instalar servicios de agua y desagüe, construir escuelas, hospitales, comisarías y tantas otras antes que hacer un estadio de esas características, más aún cuando el distrito ya cuenta con un campo deportivo con capacidad para quinientas personas.
Más de siete toneladas de la ropa donada desde el 2007, por último, se encontraría almacenada en los depósitos de una entidad estatal según habría corroborado el fiscal para la prevención del delito y el objetivo sería distribuirla más adelante con fines electorales.
No se trata, por cierto, de pretender revertir todo lo avanzado en materia de descentralización económica y política con noticias como éstas que pueden provenir de cualquier otra región del país tal como ahora provienen del sur. Se trata de hacer pedagogía, por un lado, y de perseguir el delito, por el otro. Hay que enseñarles a las autoridades a utilizar adecuadamente los recursos que reciben, a priorizar sus proyectos y a ejecutarlos diligentemente. A los operadores del sistema, a los mismos contratistas, también hay que educarlos en la forma en que deben conducirse y en los riesgos que entraña actuar de otra manera. Paralelamente hay que castigar ejemplarmente a quienes incurren en ilícitos como los que podrían derivarse de estas informaciones. No es posible que centros poblados que necesitan tantas obras y tanta atención sean víctimas de la voracidad de quienes malversan los fondos públicos. A ellos y a quienes con ellos entran en contubernio tiene que caerles todo el peso de la ley. En estas tareas deben estar comprometidos los funcionarios del sector público, las autoridades del OSCE y especialmente la Contraloría General de la República.
No sólo es cuestión de instruir y castigar. También hay que hacer el debido seguimiento por muestreo de todos los proyectos que se ejecutan en el país, principalmente de aquellos que se hacen en centros poblados y municipalidades alejadas de las grandes metrópolis a las que el brazo de la ley y el orden no llega o llega sin mayor fuerza. Y en esta otra tarea, sin duda, un valioso aporte es el que presta el periodismo con sus denuncias y sus trabajos de investigación.
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