Consultorías de infraestructura y consultorías bamba

DE LUNES A LUNES

El congresista Pasión Neomías Dávila Atanacio es el autor de un proyecto de ley destinado a limitar los gastos en que incurren las entidades públicas al suscribir contratos de consultorías y de locación de servicios, entre los que incluye asesorías, estudios, expedientes técnicos, supervisiones, auditorías, metodologías, diseños e inspección y sus respectivas adendas.

Según la iniciativa no se gastará en este tipo de contratos más del cinco por ciento del presupuesto integral modificado correspondiente a cada nivel de gobierno bajo responsabilidad penal, civil y administrativa para los funcionarios públicos que excedan este límite dentro del que comprende a múltiples clasificadores del gasto, entre los que figuran los descritos así como otros servicios similares, otros servicios técnicos y profesionales, diseño de metodologías y reformas, asesorías para la toma de decisiones, administración y supervisión de obras, etc.

La propuesta le encarga al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado velar por el cumplimiento de lo dispuesto, documentando y verificando que las consultorías cubran las necesidades de cada sector y que no excedan los límites establecidos. Está claro que la iniciativa debe archivarse pero no hay que confiarse.

Según la exposición de motivos la Contraloría General de la República ha detectado que las consultorías son servicios especializados contratados por las entidades para la toma de decisiones o en obras para la elaboración de estudios y expedientes técnicos así como para la administración o supervisión de su ejecución. Se supone que con el ánimo de propiciar la transparencia y la rendición de cuentas y con el objeto de controlar la proliferación de estas contrataciones se promulgó la Ley 31559 que crea el Registro de Consultorías que incluye la modalidad de locación de servicios usada para la contratación de personal.

Según Nelson Shack el Estado destinó en el año 2023 más de 16 mil millones de soles para consultorías lo que genera críticas y preocupación sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos sin contribuir a solucionar los problemas que confrontan las entidades. El ex contralor llegó a decir, en un lenguaje populista dirigido a las tribunas, que el dinero que se gasta en consultorías podía acabar con la pobreza en el Perú, afirmación temeraria que demuestra un desconocimiento total de la realidad y del funcionamiento de las inversiones. Basta señalar que no es posible hacer ninguna obra si no se tienen planos, especificaciones técnicas, estudios definitivos, geológicos, de suelos, de impacto ambiental y otros complementarios, memoria descriptiva y presupuesto, seleccionado al contratista y suscrito el contrato.

La elaboración de toda esa documentación vale entre un cinco y un diez por ciento del monto de la obra. Otro tanto vale la supervisión de su ejecución. Hasta no hace mucho en el Perú la supervisión se contrataba casi uniformemente por el diez por ciento del monto de la obra. En cuanto al expediente técnico, mientras tenga asignado un monto mayor por cierto que se podrán hacer más estudios, más perforaciones para verificar la consistencia del terreno, más análisis de laboratorio, más recojo de muestras y más precisiones que darán como resultado inevitablemente una ejecución con menos adicionales y menos sorpresas porque todo estará mejor calculado. Desde luego nada es comparable con la ejecución misma, momento en que se comprobará lo que realmente se necesita de acuerdo a la morfología de la zona y a los cambios que puede haber experimentado por acción del paso del tiempo, de invasiones, agotamiento de canteras o de fenómenos naturales propios del lugar.

Ese hecho incontrastable, de la variación inevitable de los precios, no le resta ningún valor al expediente bien elaborado que siempre es preferible a aquel que se hace con presupuestos insuficientes y que adolece de múltiples deficiencias. En todo caso, la suma de todas las actividades de consultoría vinculadas a la obra fácilmente puede llegar al veinte por ciento del monto de la obra. ¿Cómo es posible que se pretenda limitarla al cinco por ciento? No hay forma. Salvo que se quiera construir con estudios de perfil sin ningún desarrollo y prácticamente sin supervisión con lo que definitivamente se tendrán obras mucho más costosas, con muchos adicionales, muchas ampliaciones de plazo y naturalmente muchas paralizaciones para ajustar el diseño a sus respectivas necesidades.

El proyecto de ley reclama que los recursos del Estado se inviertan con eficiencia para mejorar la calidad de los servicios y sin ningún fundamento sólido sostiene que el 12.7 por ciento del presupuesto se ha despilfarrado en actos de corrupción, repitiendo la manida frase de que un contrato adjudicado en forma ilícita acarrea necesariamente una ejecución igualmente ilícita, lo que se ha demostrado que no es cierto. Puede haber adjudicaciones manchadas de corrupción a cuyos responsables se les debe perseguir y sancionar de manera ejemplar, y al mismo tiempo puede haber ejecución de obras impecables a costos incluso por debajo del mercado, bien construidas, que no tienen por qué ser consideradas como ilícitas.

Hay obras en las que se aprueban montos que no corresponden por trabajos que no se hacen, materiales que no se ingresan a los talleres, maquinaria que no se usa y hasta personal fantasma que no está en el servicio. Eso sucede en obras muy bien adjudicadas como en obras mal adjudicadas. Lo uno no condiciona a lo otro.

La iniciativa sostiene que la corrupción no solo implica una pérdida directa de recursos sino también una desviación de fondos que podrían haberse usado en inversiones productivas y sociales. Acota que una de los principales problemas de las consultorías es la falta de justificación e importancia de su contratación. Según el documento, los gobiernos muchas veces contratan consultorías sin un análisis riguroso de su necesidad real subrayando que este fenómeno es más frecuente en contextos en los que las decisiones pueden estar influidas por intereses políticos más que por genuinas urgencias administrativas para terminar aduciendo que la falta de un propósito claro y justificado lleva a un desperdicio de recursos públicos que podrían haberse utilizado en áreas más críticas y con un impacto directo en la ciudadanía.

No deja de ser cierto el hecho de que muchas autoridades emplean la figura de las consultorías para maquillar contrataciones que no se requieren y para favorecer a familiares y amistades de todo tipo y para congraciarse con determinadas personas. Eso es absolutamente condenable y debe proscribirse. Pero no tiene ninguna relación con las consultorías que se necesitan para elaborar estudios de pre factibilidad, estudios de ingeniería y otros diseños indispensables para armar un expediente técnico sin el cual es imposible convocar una obra.

La creencia de que al establecer un límite máximo se crearían estándares precisos y objetivos para la distribución de recursos es falsa como falsa es la idea de que ese mismo límite ayudaría a evitar prácticas corruptas como el incremento de precios o la adjudicación de contratos a proveedores cercanos a las autoridades. El congresista Pasión Dávila piensa que restringiendo los montos disminuirán los sobornos y se fortalecerá la moralidad y la integridad en la gestión pública. Igualmente entiende que eso fomentará la competencia y aumentará la eficiencia de los servicios.

Nada más alejado de la realidad. Si no se paga lo que corresponde bajará la calidad porque si se paga más se recibe más y si se paga menos se recibe menos. Es la ley del mercado. Si se paga menos lo que crecerá será la corrupción y la competencia entre mediocres o proveedores que no encuentran clientes que les paguen lo justo. No se terminarán las obras y las que concluyan estarán en permanente riesgo de colapsar porque no habrán sido construidas con estudios completos y sólidos ni ejecutadas con una supervisión directa y permanente que cuestan evidentemente mucho más que ese absurdo límite.

Lo primero que hay que hacer, en conclusión, es separar la paja del trigo y no comprender dentro del mismo problema a las consultorías de infraestructura con esas otras consultorías con las que se pagan favores en la administración pública, con las consultorías bamba.

Sin ir muy lejos, el sábado, la Unidad de Investigación del diario El Comercio reveló que en el ministerio de Salud existían nueve asesores con sueldos elevados contratados bajo la modalidad del Fondo de Apoyo Gerencial destinado a profesionales de alto perfil. Dos de ellos están vinculados al partido del titular del portafolio. Uno es afiliado y fue candidato a una alcaldía en una provincia, identificado como una persona de amplia confianza del ministro. Otro es un bachiller de ingeniería ambiental que venía de trabajar en el Congreso de la República como auxiliar. Una tercera es una licenciada en administración con cerca de nueve años de haber concluido sus estudios. La mayoría empezaron recibiendo órdenes de servicios antes de pasar a integrar esta planilla dorada. Evidentemente, esos contratos no pueden compararse con los que se suscriben para elaborar estudios, diseños o para supervisar obras. Sin estos últimos no hay desarrollo posible.

Ricardo Gandolfo Cortés