La Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, que dirige David Ortiz Gaspar, ha informado que ha obtenido
un nuevo arbitraje favorable al Estado al lograr que se declaren infundados los
reclamos del Consorcio Túnel Callao en relación a una solicitud de ampliación
de plazo en el Contrato suscrito para la elaboración del Expediente Técnico y
la Ejecución de la Obra de Mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta – Callao,
Tramo III-B.
El Consorcio Túnel Callao le reclamaba a Provías Nacional
cerca de 14 millones de soles por concepto de mayores gastos generales
derivados de esa extensión más el IGV y los intereses moratorios generados.
Según la Procuraduría la gestión del proceso que estuvo a su cargo con el apoyo
técnico de la entidad permitió contrarrestar la acción del demandante. La
estrategia legal que comprendió diversas declaraciones testimoniales contribuyó
a fortalecer su posición y a aclararle al tribunal arbitral la realidad de los
hechos en defensa de los intereses del sector.
El Consorcio reclamó haber efectuado todas las pruebas previstas en el Contrato que ocasionaron los atrasos. El Ministerio entretanto demostró que el Consorcio no había cumplido previamente con todos los requisitos técnicos indispensables para poder realizar esas mismas pruebas y para tenerlas como válidas. Para el Tribunal finalmente no se pudo acreditar que ese sea el motivo de los atrasos ni que ello haya afectado la ruta crítica, razón por la que no se formó convicción sobre la procedencia de la demanda que terminó siendo infundada.
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