El Proyecto de Ley 392/2021-CR presentado por el congresista Idelso Manuel García Correa, integrante del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, pretende modificar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 27867 y la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 para facultar a los regímenes subnacionales a concretar acuerdos de Gobierno a Gobierno que hagan posible aplicar, según se dice en la exposición de motivos, los contratos NEC siguiendo la exitosa experiencia de los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019 con el Reino Unido que se replicó al año siguiente para la ejecución de diversas obras de infraestructura en el marco de la reconstrucción del norte del país.
La
iniciativa busca reactivar las obras paralizadas que, según el autor del
proyecto, están así porque se ha encargado la ejecución a empresas locales con
las que se han suscrito contratos mal formulados. Contra lo que podría pensarse
ha sido la Contraloría General de la República la que ha salido a aclarar
conceptos indicando que no debería permitirse que los gobiernos regionales o
locales celebren esta clase de convenios sin la intervención del gobierno
central que maneja las relaciones internacionales.
Para Luis
Alonso Robas Sánchez, vice contralor de Control Sectorial y Territorial, firmar
un contrato G2G compromete la posición del país por lo que su uso debe ser
previamente autorizado por el Ejecutivo. Precisó que estos contratos tienen un
alto nivel de exposición frente a múltiples problemas que las administraciones
subnacionales podrían generar poniendo en aprietos los recursos nacionales.
El
funcionario explicó que en los contratos que se celebran bajo el imperio de los
convenios de Gobierno a Gobierno toda la documentación relativa a la ejecución
de la obra permanece en poder de agentes internacionales que podrían negarse a
entregarle a la Contraloría alguna información que requiera para el control que
debería practicar amparándose en los privilegios de los que gozan.
Como
estos contratos se adjudican y ejecutan al margen de la Ley de Contrataciones
del Estado sus alcances se definen en las negociaciones entre las empresas
extranjeras y las autoridades locales que a menudo carecen de la experiencia
necesaria en estos menesteres, razón por la que a menudo la posición nacional
no queda bien protegida.
La
Contraloría recuerda que no se necesita aprobar ninguna nueva ley porque las
regiones y los municipios pueden concertar contratos bajo la modalidad de
Gobierno a Gobierno siempre que cuenten con una autorización previa emitida por
el Ejecutivo a través de un Decreto Supremo. Se necesitaría de una nueva ley si
es que se quiere omitir este paso previo que los expertos estiman indispensable
para evitar peligros mayores.
Las obras
paralizadas se van a reactivar cuando se identifiquen los motivos por los que
se encuentran en esa situación. No se van a reactivar cambiándoles de régimen
contractual ni sustituyendo la Ley de Contrataciones del Estado por otra. El
problema de los proyectos detenidos no está en las normas sino en la mala
gestión de algunas autoridades y en otros detalles que hay que destrabar de
inmediato.
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