DE LUNES A LUNES
En el curso de
la última semana los candidatos a la presidencia de la República se han
esforzado por demostrar que cada cual quiere potenciar más y dotar de mayores
recursos a la Contraloría General de la República como si esa fuese la única
medida destinada a mejorar la lucha contra la corrupción en el país.
Desafortunadamente lo que han demostrado enfrascándose en esa absurda pelea es
que nada saben sobre el tema y que se dejan llevar por las declaraciones de
quienes en efecto están interesados en robustecer una institución que no puede
en modo alguno querer controlarlo todo como si éste fuese una dictadura
gobernada por un régimen de partido único, con una economía totalmente
centralizada bajo la hegemonía del soviet supremo.
Hubo un ex
ministro, que debía tener algún conocimiento sobre la materia, que llegó a
sostener que había que encargarle a la Contraloría que haga la tarea que hacen
mal los supervisores que contratan las entidades en cumplimiento de una ley que
debe modificarse radicalmente para permitir que esas labores las desarrolle la
CGR. Sin darse cuenta abogaba por la estatización de las actividades de
supervisión de obras pretensión que desde luego auspician los sectores más
radicales afines a las muy pocas dictaduras que sobreviven en el mundo. A esa
estatización seguirá sin duda la estatización de la elaboración de estudios
para concluir consagrando la estatización de la ejecución de obras, fuente de
la más grande corrupción protagonizada por Odebrecht y las empresas que
conformaron el tristemente célebre club de la Construcción.
Hubo un
candidato que ofreció premiar precisamente a la más famosa firma brasileña
expulsándola del país el mismo 28 de julio y dejándola escapar de los brazos de
la justicia sin siquiera culminar las obras que tiene pendientes, que es lo que
esa compañía anhela y espera desde hace tiempo y que, hasta donde se tiene
entendido, no ha conseguido en ningún país. En todo sitio se le han abierto los
procesos judiciales que corresponden y se la ha exigido que termine sus contratos
para no dejar las obras a medio hacer y obligar al país a convocar nuevas
licitaciones para terminar aquello que está a medias. Esos contratos para
concluir lo que otro ha dejado a medio hacer siempre encarecen innecesariamente
las obras.
Las obras no
tienen por qué pagar las consecuencias de las malas adjudicaciones. Tienen que
hacerse y hacerse bien. Felizmente esa gavilla empresarial construye muy bien y
los delitos los cometían quienes se ocupaban de asegurar la adjudicación de los
trabajos. No tienen, al parecer, mayor vinculación con quienes se encargan de
la ejecución de las obras que en todas las partes del mundo en que operan se
desarrollan mayormente sin inconvenientes y sin mayores observaciones. Hay que
diferenciar entre los gestores de los contratos y los ingenieros constructores.
No son lo mismo.
Alguien dijo
que allí donde hacen obras se multiplican los adicionales con los que recuperan
los altos costos invertidos en comprar conciencias para asegurarse los
contratos. Eso no es cierto. Ya se ha explicado hasta el cansancio. No es fácil
inventar adicionales allí donde no hay cómo hacerlo. Puede ocurrir, no se
descarta. Pero el porcentaje de incidencia es ínfimo. Si quieren recuperar la
inversión ilícita, pueden hacerlo si es que tienen la complicidad de muchas
personas en el personal asignado, en la maquinaria, los equipos y las pruebas
ofrecidas, en el fierro, el concreto, el cemento, el acero y demás material
propuesto, bajando cantidades y calidades en todos los casos. Para ello,
empero, tienen que comprometer a mucha gente y eso no es fácil, menos ahora que
todos los ojos están puestos en estas actividades y que la transparencia impide
cualquier maniobra sospechosa.
También han
anunciado las cifras que se les han ocurrido como parte del monto que el país
ha perdido por culpa de la corrupción. Y en ese bolso han introducido el monto
de todos los servicios adicionales aprobados como si éstos no se hubieran hecho
o como si no hubieran sido indispensables para la conclusión de las obras. Como
en el ejemplo del puente que no está considerado en un expediente técnico y que
tiene que hacerse porque se desvía intempestivamente como consecuencia de un
desborde imprevisible el caudal del río y cruza la ruta por donde debe pasar la
carretera. O se hace la obra adicional del puente y la carretera cumple el
objetivo de enlazar a los pueblos que atraviesa o no se hace la obra adicional
y la carretera no cumple su objetivo. No hay más.
Aunque no
parezca verdad, estas mismas afirmaciones se han escuchado en otras campañas.
Quizás no en la forma tan soberbia y altisonante con que se anuncia ahora. Pero
igual de estrambótica. Al final quienes llegan a la meta tardan algunos meses
en comprender cómo funciona el aparato del Estado y en comprender la lógica de
la inversión pública.
La economía por
fortuna todavía gobierna las naciones y cualquier advenedizo demora un poco
pero al final entra al redil, suscribe su hoja de ruta y se pone en línea con
el sistema que es siempre más fuerte que aquellos que lo petardean en las
campañas.
Falta, sin
embargo, que se diga que la lucha contra la corrupción debe encararse desde sus
orígenes impidiendo, en cuanto a las obras públicas, adjudicaciones amañadas y
privatizando la selección de los contratistas del Estado para que empresas
particulares con experiencia acreditada en las tareas que son materia de la
convocatoria elijan a los proveedores a los que cada entidad confiará sus
obras, servicios y demás adquisiciones. En ese esfuerzo hay que buscar
proyectistas con solvencia, bien remunerados, que elaboren estudios completos
que incluyan perforaciones, análisis de suelos y demás exigencias, así como
supervisores especializados que se conduzcan como auténticos representantes de
la entidad durante la ejecución de la obra velando porque ésta se haga conforme
a lo previsto en los planos y demás documentos que forman parte del expediente
técnico.
No hay que
estatizar, hay que privatizar. Esa es la clave.
EL
EDITOR
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