El economista Fernando Cáceres Freyre ha revelado, en un artículo publicado el martes 24 en el diario El Comercio, que Chile ha dispuesto que se paguen al contado todas las facturas pendientes y que toda nueva deuda se abone a la brevedad a todos los proveedores del Estado en un esfuerzo por dotarles de la liquidez que requieren en medio de la emergencia que azota a todo el mundo por estos días como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
La Asociación Peruana de Consultoría, institución gremial representativa de la consultoría nacional, fundada en 1968 y afiliada a la Federación Panamericana de Consultores y a la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, esta última con sede en Ginebra, alentada por esa interesante iniciativa, se ha dirigido a la ministra de Economía y Finanzas solicitándole tres medidas muy concretas para evitar que colapsen las personas naturales y jurídicas que desarrollan sus actividades en nuestro país en medio de esta crisis que ha paralizado toda la economía.
Para el caso de las deudas pendientes, en primer término, la APC propone que todas las entidades públicas paguen de inmediato todas aquellas que correspondan tanto a trabajos realizados como por ampliaciones de plazo, por haberlo así ordenado los laudos arbitrales o por cualquier otra consideración, siempre que no estén en controversia promovida por el propio Estado contra el consultor.
La Asociación subraya que el pago debe incluir a las deudas que se encuentran en cobranzas, en ejecución de laudos o en cualquier otro procedimiento que, sin duda, se dejará sin efecto en cuanto se produzca su cancelación. La anotación se refiere a las justas reclamaciones que pueden haberse iniciado en procura de hacer efectivas esas deudas y que por cierto ya no podrían continuar.
En segundo lugar, el gremio solicita que las entidades devuelvan a los supervisores lo más pronto posible todas las fianzas de fiel cumplimiento que tienen retenidas sólo por el hecho de que los contratistas ejecutores de las obras mantienen arbitrajes en trámite que impiden la liquidación de sus respectivos contratos. Esa situación condena a los consultores, que no tienen ninguna responsabilidad en esa discrepancia, a renovar periódica e innecesariamente esas garantías, incurriendo en excesivos costos financieros e impidiendo liberar sus líneas de crédito con lo que se torna imposible suscribir nuevas obligaciones, que comprometan esos fondos, para seguir operando.
La comunicación apunta que la devolución debe ir de la mano con la liquidación de los contratos de supervisión tal como se ha dispuesto en el numeral 142.4 del artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Precisa, sin embargo, que lo que falta es aplicar este mismo procedimiento a los contratos de supervisión que se regulan bajo el imperio de las normas anteriores y devolver las señaladas fianzas.
Esta segunda acción también debe comprender, agrega la misiva, a aquellas fianzas cuya devolución se ha solicitado administrativamente, en la vía arbitral o bajo cualquier otro procedimiento, que igualmente quedarían sin efecto en cuanto se produzca la entrega de las señaladas garantías. Este añadido busca no dejar fuera del pedido a todas las reclamaciones en curso que ponen en evidencia justamente las necesidades del consultor a quien se le debe agilizar sus cargas y dotar de las facilidades indispensables para cumplir con sus obligaciones.
La APC, por último, plantea que las nuevas deudas, las que se generen o se hayan generado por las valorizaciones de los servicios en actual ejecución se paguen en un plazo máximo de quince días atendiendo a la urgencia de inyectar liquidez a los consultores y a través de ellos a la economía nacional.
Este pedido implica que los funcionarios que deben revisar y aprobar las valorizaciones que se les presenten redoblen sus esfuerzos para actuar con mayor celeridad y cumplir con la meta prevista.
Las tres acciones están orientadas a solventar de manera muy rápida y efectiva los apremios que los consultores como personas naturales o jurídicas pasan en estos momentos.
Ojalá que sean aprobadas siguiendo el ejemplo del país vecino y de otros que están contribuyendo a que no se cierren puestos de trabajo y no quiebren sus proveedores.
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