Según la exposición de motivos del proyecto de
Reglamento de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas existen en el
país veintiséis regímenes especiales que en forma paralela regulan determinadas
contrataciones de bienes, servicios y obras. Esa dispersión normativa no se
ajusta a los estándares internacionales toda vez que dificulta la acción de los
operadores y proveedores e implica la necesidad de capacitarlos continuamente,
al punto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) ha recomendado simplificar el sistema de contratación pública para
eliminar duplicidades funcionales, ámbitos de ineficacia y otros elementos
ineficientes; reducir la carga administrativa y propiciar servicios compartidos
que ahorren esfuerzos; disponer de marcos institucionales, legales y
reglamentarios razonables y sólidos para potenciar los negocios con el sector
público y garantizar sistemas de contratación pública sostenibles y eficientes.
En consideración de la coexistencia de distintos
regímenes especiales que dificultan la predictibilidad para los involucrados el
documento señala que debe procurarse su integración progresiva en un régimen
unificado. Por ese motivo, el artículo 5 del Reglamento establece que los
regímenes especiales deben reconocerse por Ley, con opinión previa de la
Dirección General de Abastecimiento.
La exposición de motivos también reseña la sentencia
del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 020-2003-AI/TC, sobre la
acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la tercera disposición final
de la Ley 27635 que modificó la Ley 26361 sobre Bolsa de Productos, en la que a
propósito de los regímenes especiales, señaló que la finalidad de eficiencia y
transparencia en las adquisiciones puede conseguirse de mejor modo mediante
procesos de selección como los establecidos por la Ley de Contrataciones del
Estado, pues la serie de etapas que presenta, tales como la convocatoria,
apertura de propuestas técnicas y económicas y la adjudicación de la buena pro,
las cuales son supervisadas por un comité especial encargado de llevarlo adelante,
garantizan, en cierta medida, la imparcialidad frente a los postores y la mejor
decisión a favor del uso de los recursos públicos.
Destaca la sentencia que la eficiencia y la
transparencia en el manejo de los fondos del tesoro así como la imparcialidad y
el trato igualitario para todos son los objetivos principales de las
adquisiciones estatales y constituye la esencia de lo dispuesto en la
normativa. Por eso, en atención a que todos los regímenes especiales deben
cumplir, como mínimo, los principios que regulan las contrataciones públicas,
de conformidad con el artículo 76 de la Constitución, el Reglamento ha
contemplado que deban observar necesariamente los siguientes requisitos:
a)
Que se
sometan a los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley así como a las
disposiciones de los acuerdos comerciales y a otros compromisos internacionales
que haya suscrito el Perú, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley.
b)
Que los
proveedores obligatoriamente se encuentren registrados en el RNP, salvo los
casos debidamente sustentados por la naturaleza del régimen de excepción.
c)
Que sus
actos se registran en la Pladicop conforme a la directiva que emita la DGA al
respecto y las disposiciones operativas que emita el OECE en el marco de sus
competencias.
d)
Que no
estén incursos en los impedimentos previstos en el artículo 30 de la Ley.
e)
Que
tengan previsto el sistema de infracciones y sanciones aplicable, en línea con
lo preceptuado para el régimen general, así como la autoridad competente para
determinarlas e imponerlas.
f)
Que
tengan previsto el sistema de solución de controversias en la fase de selección
y en la de ejecución contractual, en línea con lo preceptuado para el régimen
general, así como la autoridad competente para resolverlas.
De esta manera, según los reguladores, se pretende
garantizar un mínimo de predictibilidad respecto a las disposiciones que se
establecerán en los regímenes especiales, incluyendo la obligación de
publicarlos en el Pladicop para asegurar su publicidad y transparencia,
sometiéndolos además a los impedimentos y las infracciones previstas en el
régimen general a fin de fijar reglas homogéneas en este aspecto.
El cumplimiento de estos requisitos será verificado
por la DGA al emitir opinión previa a la emisión de cualquier norma con rango
de ley que incluya disposiciones sobre la creación de regímenes especiales,
debiendo la entidad contratante, al proponerlo, sustentar técnicamente la
necesidad de la exclusión del régimen general de cada una de las fases el
proceso de contratación, conforme a los lineamientos que se emitan, en
resguardo de la coherencia del régimen de compras públicas y de su articulación
con el Sistema Nacional de Abastecimiento.
Respecto a los regímenes especiales vigentes antes de
la entrada en vigor de la nueva Ley y su Reglamento, la quinta disposición
complementaria final de la Ley indica que, si requieren modificación, deberán
solicitar la opinión previa de la DGA. Por ello, en el Reglamento se incluyen
los requisitos para solicitarla, a fin de desarrollar lo dispuesto en la Ley,
en cuanto a la integración progresiva de los regímenes especiales al régimen
general.
Aquellos supuestos que por su naturaleza y
características forman parte de sistemas funcionales del estado con rectoría
del ministerio de Economía y Finanzas, como las Asociaciones Público Privadas y
Proyectos en Activos, que corresponden al Sistema Nacional de Promoción de la
Inversión Privada regulado por el Decreto Legislativo 1362, o aquellos que
correspondan a los procedimientos que no cumplen las condiciones del ámbito de
aplicación de la Ley, como el remate o subasta pública regulados en la Ley
27728 del Martillero Público, no constituyen regímenes especiales, por lo que
no se les aplicaría lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento.
Es un objetivo importante apuntar a la integración de
los regímenes especiales al régimen general y que, entre tanto, aquellos
siempre tengan un carácter excepcional y transitorio en tanto se consolidan las
figuras dentro de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. La práctica
ha demostrado que en el país lo provisional muy rápidamente se convierte en
permanente y eso ha pasado con varios regímenes especiales, pese a que la idea
es que sean muy temporales. Ojalá que este propósito se cumpla en el plazo más breve.
