Presupuestos y costos finales en obras

DE LUNES A LUNES

Desde hace muchos años sostengo que los presupuestos de obra son un conjunto de supuestos previos y que ellos se van ajustando a lo largo de la construcción en función de una serie de variables con tendencia a variar más respecto de los costos finales en determinadas especialidades como carreteras, irrigaciones y túneles en las que la mayor parte del trabajo se hace sobre la base de cálculos por aproximación y a variar menos en desarrollo urbano, edificaciones y centrales, en aquellas disciplinas donde es posible levantar una infraestructura completa sin mayores sorpresas con estudios que llegan al nivel de detalle más fino, como si se estuviera armando un rompecabezas, habida cuenta de que está registrada hasta la pieza más pequeña que integra todo el engranaje.

Cuando me dicen que el presupuesto de una obra se incrementó varias veces como si eso fuese la prueba más contundente de que hubo corrupción y malversación de fondos, escucho habitualmente con cierto escepticismo. No niego que eso pueda ser un indicio y que haya desde luego malos contratistas que, coludidos con otros pésimos funcionarios públicos, inventen mayores costos allí donde éstos no son necesarios. La prueba ácida siempre es un peritaje técnico que revele cuánto dinero está invertido en la infraestructura de que se trate.

La tasación puede arrojar un monto notoriamente superior al del presupuesto. Ese puede ser un primer problema. Sin embargo, si está en obra es mejor que si no está. Me explico. El peritaje puede concluir en un monto mayor al considerado en el presupuesto pero menor al realmente gastado. Eso es peor porque obliga a determinar las razones de la diferencia. Es posible que se haya invertido más en trabajos que no se advierten a simple vista pero que debían hacerse inevitablemente o que debieron demolerse por ser provisionales, por deficiencias o por ser innecesarios y eso tampoco se ve en una revisión posterior.

También es probable que se hayan inventado ilícitamente obras adicionales que en realidad no se hicieron y que alguien se haya llevado el dinero que la inspección no detecta en la construcción. Esa es una primera hipótesis que exige una aclaración, una investigación y eventualmente una denuncia. Puede aclararse, desde luego, por ejemplo si se debió agregar uno o varios elementos que el expediente técnico no había considerado pero que eran indispensables para lograr el objeto del contrato. Puede investigarse el origen y el destino de esos fondos. Y naturalmente si se comprueba algún delito, debe denunciarse y sancionarse ejemplarmente al responsable.

La inspección también puede determinar que lo que esté puesto en la obra es lo efectivamente invertido, independientemente de si defiere o no del presupuesto de partida. Si es un monto mayor al previsto originalmente pues hay que verificar si los incrementos son razonables y se pueden sustentar. Evidentemente aquí entra un margen de discrecionalidad que juega a favor del ingeniero que diseña el proyecto o que supervisa la ejecución de las obras, que toma decisiones en función de su criterio pero que tampoco puede incorporar medidas totalmente desproporcionadas para enfrentar o superar los inconvenientes que se le presentan. Obviamente quien tiene que definir si sus recomendaciones son procedentes es otro profesional de iguales o superiores calificaciones. No cualquiera.

EL EDITOR