Mientras se
conocía el Proyecto de Ley con el que se quiere convertir en funcionarios o
servidores públicos a los árbitros que resuelven controversias en
contrataciones del Estado en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE)
desarrollada en Paracas, Enrique Ghersi y Alfredo Bullard proponían fortalecer
el arbitraje y derivar hacia esa jurisdicción la mayor cantidad de litigios que
actualmente se ventilan en el Poder Judicial con el objeto de aminorarle a ésta
instancia su carga procesal y concentrarla en resolver los problemas de
aquellos que no tienen recursos como para hacerlo en una vía privada.
Lo hicieron en el
curso de una amplia entrevista concedida al programa Rumbo Económico de Canal N
que dirige Enrique Pasquel.
El temperamento
no es nuevo. Lo propuso hace unos meses el diario El Comercio al reclamar una
profunda reforma del Poder Judicial con el objeto de “dejar que la justicia
privada le dé una mano a la justicia estatal” y bajo la premisa de que los
litigios comerciales o civiles que comprometen a personas naturales o jurídicas
que cuenten con recursos para solventar un arbitraje estén obligadas a
dilucidar sus divergencias a través de este mecanismo alternativo de solución
de conflictos, constitucionalmente reconocido, reservando para la vía judicial
los procesos penales –aun cuando algunos podrían también migrar– así como
aquellos otros que no puedan ser resueltos en otra instancia porque las partes
involucradas, o alguna de ellas, carecen de los recursos necesarios para
afrontarlo.
Además de la
evidente descongestión procesal que acarrearía, la reforma liberaría la mayor
parte de las horas/hombre del Poder Judicial que se destinarían para atender
las causas que quedarían bajo su competencia.
Como lo señalamos
en PROPUESTA 373, para el decano de la prensa nacional, un sistema privado de
resolución de controversias tendría otras ventajas pues es más difícil de ser
influido por el poder político, sería más independiente y estaría menos
expuesto a las tentaciones de la corrupción. Al colocarse un nuevo sistema
privado de justicia al lado de otro estatal la ciudadanía podría comparar la
eficiencia de uno respecto del otro lo que, adicionalmente, empujaría a este
último a proceder o intentar proceder de la misma forma, en beneficio de todos.
En las
contrataciones del Estado, como se sabe, el arbitraje es un mecanismo
obligatorio de solución de disputas y desde que se puso en práctica hasta la
fecha ha hecho posible que miles de desavenencias sean resueltas sin
incrementar aún más la carga procesal del Poder Judicial. Que esta experiencia
sea trasladada a otros escenarios es una propuesta inteligente y alentadora que
sólo cabe apoyar.
Bullard dijo
incluso que debería estipularse que todas las desavenencias que se susciten en
el marco de los contratos civiles y comerciales se resuelvan en la vía arbitral
y sólo vayan al Poder Judicial si es que así está expresamente pactado. Es
decir, al revés de lo que sucede ahora. Ghersi, a su turno, admitió que algunas
controversias penales y familiares también podrían solucionarse rápidamente
ante los árbitros que deberían tener despachos en todas las comisarías del país
a efectos de agilizar la administración de justicia.
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